La Estrategia de vacunación frente a la Covid-19, impulsada por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, no establece distinción entre los sanitarios que ejercen en la sanidad pública o en la sanidad privada en lo que respecta a la priorización en el orden de vacunación, sino que prioriza solo distinguiendo entre personal sanitario de primera línea y otro personal sanitario y sociosanitario.
Por tanto, si la norma nacional acordada por todos no discrimina, la aplicación de la misma, por parte de las comunidades autónomas, no debe hacerlo, debiendo aplicar la vacuna de la COVID-19 a los sanitarios en función de su riesgo, independientemente de que trabajen en sanidad pública o privada, de forma simultánea.
La realidad, a día de hoy, es que en general -aunque hay excepciones- las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas están priorizando la vacunación de los sanitarios públicos frente a los de ejercicio privado, quedando algunos sanitarios de primera línea en la sanidad privada sin vacunar mientras que en la pública se vacuna a sanitarios de menor riesgo, lo que ha llevado a algunos Colegios de Médicos a solicitar que se aplique el trato igualitario que concede la norma. Estas solicitudes en algunos casos han tenido que cursarse a través de vía judicial cuyas resoluciones han fallado a favor poniendo de manifiesto la existencia de trato discriminatorio.
No es necesario poner de manifiesto que los médicos de la sanidad privada corren los mismos riesgos de contagio frente a la COVID19 que los de la sanidad pública si realizan la misma actividad, y que también, en caso de infectarse, pueden ser un foco de transmisión para sus pacientes, personal colaborador y familiares. Muchos centros privados además están atendiendo a pacientes de la sanidad pública ante la saturación de ésta como consecuencia de la pandemia. Por tanto, el beneficio de esta prevención repercute en la sociedad independientemente de la relación laboral de los sanitarios.
Desde la Vocalía de Médicos de ejercicio privado del CGCOM vemos con preocupación que la aplicación de la vacunación a los médicos y demás personal sanitario de la sanidad privada no se esté llevando a cabo de forma simultánea y paralela a los de la sanidad pública y exigimos a las administraciones sanitarias que cumplan con su deber y arbitren los procedimientos de vacunación para que el único criterio de prioridad sea la función y el riesgo del personal y no su vinculación laboral.
